SÓLO 20% DE PRESOS RECIBEN SENTENCIA, AFIRMA MÉXICO EVALÚA

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Organizaciones de la sociedad civil mostraron su rechazo a la prisión preventiva oficiosa –cuya continuidad se discutirá este lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación– al argumentar que es una medida cautelar que criminaliza a la pobreza y viola los derechos humanos, además de que se aplica mayoritariamente contra las mujeres.

De acuerdo con México Evalúa, sólo dos de cada 10 personas con prisión preventiva reciben sentencia en nuestro país, es decir, que los ocho restantes son considerados inocentes al final de su proceso penal por las autoridades judiciales.

Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de la organización, expuso que esta cifra expone que, en México, la mayoría de los reos purgan una pena por adelantado de forma injusta, ya que al final se determina que no son responsables del delito que se les acusaba.

“Esto es un dato dramático, es abrumador. ¿Qué quiere decir? Que el 80 por ciento de personas que estuvieron privadas de la libertad esperando una sentencia, fueron declaradas al final inocentes. Esto realmente tendría que poner a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a muchísimas personas y organizaciones en el país, a buscar que se erradique esta figura, que en realidad está siendo sumamente grave contra los derechos humanos”, expuso.

En entrevista, la especialista consideró que dicha medida cautelar está pervirtiendo la esencia del sistema de justicia. Resaltó que a partir de 2019 –cuando se aprobó la reforma al artículo 19 constitucional– hasta el 2021, se triplicó el número de personas privadas de la libertad sin condena.

Chrístel Rosales recordó que, actualmente, el 58 por ciento del total de la población penitenciaria en México se encuentra en prisión preventiva, en muchos casos por encima del tiempo permitido por la constitución.

Dijo que esta figura se aplica mayoritariamente a las mujeres, al exponer que se impone en cuatro de cada 10 hombres, mientras que en el caso de las mujeres son una de cada dos, según el promedio nacional.

“Cuando hablamos del caso de las mujeres, es un caso que nos llama muchísimo la atención, porque esta medida se aplica en mayor medida contra las mujeres. A una de cada dos mujeres le es aplicada la medida de prisión preventiva, y en el ámbito federal, es decir, para delitos que son perseguidos por la Fiscalía General de la República (FGR), se aplica en un 60 por ciento.
“Esto es, si yo soy mujer y me acusan de un delito, tengo el 50 por ciento o el 60 por ciento de estar en prisión, mientras se desahoga mi proceso”, destacó.
Según las cifras de México Evalúa, las entidades con los porcentajes más altos de mujeres con prisión preventiva son Tlaxcala con 84 por ciento, Oaxaca con 80 por ciento, Michoacán con 78.4 por ciento, Baja California Sur con 76.9 por ciento, Quintana Roo con 73.3 por ciento y Veracruz con 68.9 por ciento.

“La prisión preventiva oficiosa está mostrándonos ser una medida que no sólo vulnera en general los derechos de las personas, sino que además está haciendo que criminalicemos a la pobreza, que criminalicemos a las mujeres, y que pongamos todo el peso de la ley contra delitos que podrían ser susceptibles de resolverse por otras vías”, expuso.
La especialista de México Evalúa explicó que, en caso de que se elimine la prisión oficiosa o automática, los jueces de control deberán determinar caso por caso, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

“Recordemos que, en el sistema de justicia penal actual, tenemos un listado de medidas cautelares. Tenemos prisión preventiva justificada, prisión preventiva oficiosa, tenemos presentación periódica ante el juez, tenemos que las personas tienen que acudir a firmar y mostrar que están cumpliendo con ciertos elementos.
“Entonces, qué implicaría que se elimine la prisión oficiosa, pues prácticamente implicaría que seguimos teniendo un catálogo de medidas que pueden imponerse a las personas, para que lleven su proceso de forma adecuada”, apuntó.
Amnistía Internacional rechaza prisión automática
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, Edith Olivares, se pronunció a favor de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, al destacar que la figura viola convenciones y derechos internacionales.

“Tenemos una gran cantidad de personas privadas de su libertad, sin que haya habido una sentencia, y a pesar de que las normativas señalan que las personas no pueden estar en prisión preventiva oficiosa más de dos años, ha habido casos en que han permanecido 10 y hasta más años personas en prisión preventiva oficiosa”, señaló.
La representante de AI en nuestro país agregó que la mayoría de las naciones del continente americano, han retirado esta medida cautelar.

“La mayoría de los países de la región de las américas han eliminado la prisión preventiva de carácter oficiosa, la gran mayoría. México es de los pocos países de la región que continúa teniendo prisión preventiva oficiosa, y es por ello que, diferentes organismos internacionales, incluida la Corte Interamericana, ha hecho un llamado de manera reiterada al estado mexicano, para que elimine este tipo de medida, y para que se apegue al debido proceso”, señaló.

Edith Olivares consideró que la prisión preventiva oficiosa no ha contribuido a disminuir la impunidad en México.

“En un discurso de lo que yo llamaría populismo punitivo, las autoridades defienden la prisión preventiva oficiosa, señalando que puede contribuir a disminuir la impunidad, y eso no ha ocurrido en este país. En México más del 98 por ciento de los delitos quedan impunes, y llevamos esa tendencia desde hace muchísimos años, con o sin prisión preventiva oficiosa”, apuntó.

La activista añadió que, para abatir la impunidad, se requieren procesos de investigación sólidos por parte de las fiscalías, y un fortalecimiento ministerial para acreditar delitos.

Causa en Común también ve con buenos ojos fin de prisión oficiosa
La presidenta de la asociación Causa en Común, María Elena Morera, coincidió con el proyecto del ministro Luis María Aguilar que se discutirá este lunes en el máximo tribunal del país, al señalar que la prisión preventiva debe ser excepcional, justificada y aprobada por un juez.

“Es decir, que la prisión preventiva quede solo como justificada, y no puede ser oficiosa. La prisión preventiva oficiosa lo que nos ha provocado, es que se vayan muchas más personas a la cárcel, sin necesariamente ser culpables de nada, simplemente porque lo decidió el ministerio público.
“Contrario a esto, en la prisión preventiva justificada, quien decide es un juez con las pruebas que le lleva el ministerio público, que me parece que es lo que puede hacer que se preserve la presunción de inocencia y la libertad de las personas”, detalló.

La activista calificó como populismo penal, el incluir cada vez más delitos en prisión preventiva oficiosa, como ocurrió hace tres años con la reforma al artículo 19 constitucional.

“No resuelve el grave problema de las violencias y de la inseguridad que tenemos en México. El que sigamos teniendo este tipo de medidas que son contrarias a los derechos, simplemente lo que ha provocado desgraciadamente es que estemos llenando nuevamente las cárceles de personas que hasta el momento son inocentes”, apuntó.

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