El Departamento de Justicia (DOJ) está investigando presuntas violaciones de los derechos civiles en el marco de la Operación Lone Star (Estrella Solitaria), una iniciativa fronteriza multimillonaria anunciada el año pasado por el gobernador Greg Abbott, según registros estatales obtenidos por ProPublica y The Texas Tribune.
El año pasado, la Legislatura destinó más de 3 mil millones de dólares a medidas fronterizas durante los próximos dos años, una gran parte de los cuales se destinó a la Operación Lone Star. Bajo la iniciativa, que Abbott dijo que lanzó para combatir el contrabando de personas y drogas, el estado ha desplegado más de 10 mil miembros de la Guardia Nacional de Texas y del Departamento de Seguridad Pública (DPS) en la frontera con México y ha construido algunas cercas. Miles de hombres inmigrantes que buscan ingresar al país han sido arrestados por invadir propiedad privada, y algunos han estado en la cárcel durante semanas sin que se presenten cargos.
Desde el lanzamiento de la operación, varias organizaciones de noticias, incluidas ProPublica y Tribune, han señalado a los líderes una serie de problemas con las afirmaciones de éxito del estado, el tratamiento de los miembros de la Guardia Nacional y las presuntas violaciones de los derechos civiles.
Una investigación realizada por Tribune, ProPublica y The Marshall Project encontró que, al promocionar los logros de la operación, los funcionarios estatales incluyeron arrestos sin conexión con la frontera y decomisos de drogas en todo el estado. Las organizaciones de noticias también revelaron que los casos de allanamiento representaron la mayor parte de los arrestos de la operación. DPS dejó de contar algunos cargos, incluyendo peleas de gallos, agresión sexual y acoso, después de que las publicaciones comenzaran a hacer preguntas sobre sus conexiones con la seguridad fronteriza.
Otra investigación del Tribune y Army Times detalló problemas con el despliegue de la Guardia Nacional, incluidos informes de retrasos en los pagos a los soldados, escasez de equipo crítico y malas condiciones de vida. Informes anteriores del Army Times también rastrearon suicidios de soldados vinculados a la operación.
Angela Dodge, una vocera del Departamento de Justicia, dijo que no podía “comentar sobre la existencia o ausencia de cualquier posible investigación o caso sobre cualquier asunto que no formara parte del registro público de la corte”.
“En general, una variedad de agencias de aplicación de la ley (federales, estatales y locales) nos presentan los casos para una posible consideración de los fiscales luego de su investigación sobre una presunta violación de la ley federal”, escribió Dodge en un correo electrónico. “Consideramos cada caso de este tipo en función de la evidencia y lo que se puede probar más allá de una duda razonable en un tribunal federal de justicia”.
Pero al menos dos agencias de Texas involucradas en llevar a cabo la iniciativa fronteriza han señalado una investigación del Departamento de Justicia en registros obtenidos por ProPublica y el Tribune a través de la Ley de Información Pública de Texas.
En un correo electrónico interno en mayo, los funcionarios del DPS dijeron que el DOJ buscaba revisar si la Operación Lone Star violó el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional por parte de las instituciones que reciben fondos federales.
Según los correos electrónicos, el Gobierno federal solicitó documentos que incluyen planes de implementación, acuerdos con propietarios e información de capacitación para los estados que han apoyado la Operación Lone Star enviando agentes de la ley y miembros de la Guardia Nacional a Texas.
“Si aún no lo sabe, la División de Derechos Civiles del DOJ está investigando la Operación Lone Star”, escribió Kaylyn Betts, asesora legal adjunta del DPS, en un correo electrónico del 23 de mayo a un funcionario del departamento. Agregó que la agencia debe responder de manera oportuna y completa.
En una carta enviada el viernes al fiscal general del estado, el Departamento de Justicia Criminal de Texas también citó una “investigación formal” de la Operación Lone Star por parte del Departamento de Justicia. La agencia, que administra el sistema penitenciario del estado, se refirió a la investigación mientras luchaba contra la publicación de registros públicos buscados por las organizaciones de noticias.
En la carta, el abogado general adjunto escribió que el DOJ está investigando si la agencia estatal está sometiendo a las personas que son arrestadas como parte de la operación fronteriza a “condiciones de confinamiento diferenciales e ilegales basadas en su departamento percibido o raza real u origen nacional”.
Ninguna de las agencias ha publicado información relacionada con las solicitudes del Departamento de Justicia.
Ni el DPS ni la oficina del fiscal general de Texas, que representa al estado, respondieron a las solicitudes de comentarios. Amanda Hernández, vocera del Departamento de Justicia Criminal de Texas, dijo en un correo electrónico que su agencia proporcionó al Departamento de Justicia la información solicitada.
“La agencia ha seguido y continúa cumpliendo todas las leyes estatales y federales a medida que el estado de Texas responde a las crisis en curso en la frontera”, escribió en un correo electrónico a las organizaciones de noticias.
Los legisladores estatales y federales, así como los derechos civiles y los grupos de inmigrantes, han pedido repetidamente que se investigue la Operación Lone Star. En las cartas al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional, los grupos citaron informes del Tribune que muestran que algunos inmigrantes fueron detenidos ilegalmente o encarcelados por demasiado tiempo debido a las demoras de los fiscales, en violación de la ley estatal.
“Es sumamente urgente que la administración de Biden no sólo investigue, sino que responsabilice a las agencias por las violaciones del Título VI para proteger los derechos civiles de las personas en el sur de Texas”, dijo Kate Huddleston, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. La organización sin fines de lucro, junto con más de otros 100 grupos, presentó una queja del Título VI de 50 páginas en diciembre ante el DOJ pidiéndole que investigue presuntas violaciones de los derechos civiles.
La Operación Lone Star, agregó Huddleston, “está apuntando a individuos para un castigo mayor y sometiéndolos a un sistema penal estatal separado que se crea específicamente para este propósito y que está plagado de violaciones de los derechos civiles”.
La oficina de Abbott ha dicho que los arrestos y enjuiciamientos en el marco de la operación “son totalmente constitucionales”.
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